Un paso de avance en salud
La salud es, sin duda, el área donde el impacto del trato desigual que recibe Puerto Rico por no ser estado es más desgarrador. La inequidad a la que la Isla ha sido sujeta históricamente en los programas de salud federales como el Medicaid y el Medicare nos ha costado miles de millones de dólares y ha contribuido a la crisis fiscal y económica que nos agobia.
Peor aún, ha forzado a cientos de miles de puertorriqueños a mudarse a los estados en búsqueda de servicios de salud, así como a miles de médicos y profesionales de la salud, que ganan en promedio tres veces más en los Estados Unidos continentales que en la Isla.
Ese trato discriminatorio ha llegado a su momento más crítico, donde Puerto Rico se encuentra al borde de un “precipicio fiscal” en Medicaid por la discriminación hacia los territorios bajo el Obamacare.
Ante este tétrico panorama una de mis mayores prioridades en el Congreso ha sido alertar al liderato congresional y la administración sobre la necesidad de evitar el precipicio fiscal y las repercusiones que tendría el no hacerlo, incluyendo el incremento en la migración de puertorriqueños a los estados, donde al gobierno federal le cuesta tres veces más proveer los servicios a beneficiarios de Medicaid que en la Isla.
De hecho, el primer proyecto de ley que radiqué en el Congreso fue precisamente para extender el nivel de financiamiento federal actual al programa de Medicaid en Puerto Rico hasta que se apruebe e implemente la legislación que reemplazará al Obamacare. La inhabilidad del Congreso de aprobar un proyecto de reemplazo al Obamacare nos obliga a buscar otros vehículos legislativos donde podamos insertar nuestro lenguaje. Esto pudiera ocurrir en la extensión a la Resolución Continua que el Congreso se apresta a aprobar antes del 28 de abril o posteriormente en la reautorización del programa S-CHIP o en un renovado intento de aprobar la legislación reemplazando el Obamacare.
Desafortunadamente, la inequidad en salud no se limita al programa de Medicaid, sino que se extiende a otros, particularmente el Medicare. En este programa para los Medicare Advantage que atienden más de 580,000 pacientes en la Isla, ya logramos que el 3 de abril se concediera por Centros de Servicios Medicaid y Medicare que se mantuviera el ajuste de beneficiarios sin reclamación que representan aproximadamente $300 millones en este programa para la Isla.
También logramos que se ajustaran el componente del Geographic Practice Cost Index a la Tarifa de Medicare Tradicional del 2018. Este significativo aumento, fue parte de mi compromiso con el pueblo en noviembre y hoy puede decir que es una realidad.
Logramos, además, que se reevaluara la política sobre el doble bono en el programa de las estrellas de Medicare Advantage; permitiendo que sea la primera vez que Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) haga este ajuste para la Isla. Esto añade $100 millones adicionales en ajuste estimado en el 2018 y se permitirá en sobre 50 municipios. Anteriormente, estábamos considerados no elegibles para esto.
Ahora, más que nunca, tenemos que ser persistentes para terminar con el discrimen que recibimos en los programas federales de salud y que impactan la calidad de vida de nuestra gente.