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Congresswoman Jenniffer González-Colón

Representing Puerto Rico

Jennifer González descarta la extensión en la moratoria de la deuda

March 14, 2017
In The News

Washington - En momentos en que el Congreso va a reexaminar la crisis fiscal de Puerto Rico desde la perspectiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la comisionada residente Jenniffer González descartó ayer que haya tiempo para extender la moratoria en la litigación judicial contra el gobierno.

González, sin embargo, avivó su reclamo a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal –que controla las finanzas públicas y ayer aprobó un fuerte plan fiscal de largo plazo para el Gobierno de Puerto Rico– para que hagan gestiones contundentes a favor de la extensión de los cerca de $1,200 millones anuales en fondos de Medicaid que ha otorgado Obamacare y se pueden agotar en 2017.

El Subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y de los Nativos de Alaska convocó ayer oficialmente a la audiencia del 22 de marzo, en la que, contrario a lo esperado, el tema central de la sesión va a ser el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda entre el Gobierno de Puerto Rico y los bonistas de la AEE, el cual no pudo concretarse debido a la falta de acceso al mercado financiero.

“Los propios bonistas han estado reclamando que ese acuerdo se haga”, reconoció González, quien había adelantado la semana pasada –en momentos en que la dirección de la subcomisión hablaba de hacer un examen general sobre el funcionamiento de PROMESA– que la audiencia podría estar dedicada al tema de la AEE.

La comisionada indicó que en la Comisión de Recursos Naturales, presidida por el republicano Rob Bishop (Utah) y a la cual pertenece el subcomité de Asuntos Insulares, existe “la visión” de que la AEE –cuando hay solo mes y medio para lograr acuerdos voluntarios de reestructuración de la deuda– “puede ser ejemplo para el resto de las negociaciones”.

Pero tanto la Junta federal como el gobernador Ricardo Rosselló han indicado que esos acuerdos deben ser revisados. Y el caso de la AEE, por haber ocurrido negociaciones voluntarias, estaría también listo para un procedimiento de bancarrota a través del título III de la ley PROMESA.

“El gobernador entiende que puede haber más recortes que le produzcan más al gobierno y busque la inversión. La información que me ha provisto el gobernador es que no hay ni dinero para la infraestructura en ese acuerdo. (Ayer) la Junta de control fiscal le dio la razón diciendo que evidentemente se pueden negociar mejores términos”, indicó la comisionada González, quien es parte del subcomité de Asuntos Insulares.

La comisionada prevé que el gobernador Rosselló, el presidente de la junta federal, José Carrión III, y representantes de la dirección de la AEE estarán entre los ponentes de la audiencia de la semana próxima.

Bajo la presión de fondos de inversiones como los que encabezan a los acreedores de la AEE fue que el Congreso comenzó a estudiar hace dos años la imposición de una junta federal que asumiera el control de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico, que se enfrenta a un déficit anual de $7,600 millones y a una deuda de más de $69,000 millones.

La Moratoria

Tras aprobar el Plan Fiscal, la Junta indicó que no ha decidido si le propone al Congreso la extensión del freno en la litigación judicial contra el gobierno, que tras una ampliación previa, vence el 1 de mayo. La comisionada González no cree “que en el tiempo que tenemos –después de la audiencia del 22 solo unas tres semanas de sesión– haya espacio” para enmendar PROMESA.

Para la comisionada González, dentro de las limitaciones que impone PROMESA, el gobernador Rosselló salió ayer airoso en el debate sobre el duro plan fiscal aprobado, “porque de otra manera la Junta hubiese impuesto su plan que hubiese sido detrimental para los pensionados, empleados públicos y servicios esenciales”.

Al ser preguntada si el gobernador cargará también con las consecuenciasl del plan, González dijo que Rosselló trabaja “con las herramientas que tiene y una realidad fiscal en precario que tiene la isla”.

“Ante eso, conjugó las alternativas que menos afectaran a Puerto Rico. Si las cosas estuvieran bien, no tuviéramos una junta, pero hay una realidad fiscal y colonial”, agregó.

González indicó que de todos modos utilizará la audiencia del 22 de marzo para promover que la Junta federal rinda cuentas y una vez aprobado el Plan Fiscal, “cambie su discurso a cómo la discriminación en las leyes federales le quitan incentivos a la economía en Puerto Rico y limita las operaciones del gobierno”.

Ayer les envió una carta a sus miembros, que reconoce tienen mejor acceso que el Gobierno de Puerto Rico a la oficina del speaker Paul Ryan y a otros funcionarios, para que en vez de ordenar reducir el gasto en el sistema de salud, ayuden con la renovación de los fondos de Medicaid, cuya extinción puede dejar sin plan médico a unas 470,000 personas.

“Son una criatura del gobierno federal. Cuando yo me reuní la semana pasada con el speaker Ryan, su ayudante había hablado con José Carrión ese mismo día”, dijo González. A pesar de ello, destacó que no ha visto “una sola carta de la Junta” requiriendo ayuda para Puerto Rico y afirmó que los recortes de $1,000 millones que propusieron en salud, “pueden socavar el esfuerzo de evitar el precipicio en los fondos de Medicaid”.