Comisionada residente detalla reforma federal en respuesta a desastres aprobados en el Congreso
Washington, D.C.- Las visitas de altos funcionarios federales y de congresistas que logró traer la comisionada residente, Jenniffer González Colón, a Puerto Rico para que entendieran la magnitud del impacto de los huracanes y la fiscalización impulsada en el Congreso por la comisionada con requerimientos de información y celebración de vistas públicas, se tradujeron en una reforma del manejo e implementación de protocolos que fue incluida en legislación aprobada anoche por la Cámara de Representantes federal.
El H.R. 302 según enmendado, Ley para la Reautorización de la Administración Federal de Aviación, además de incluir iniciativas de la comisionada residente para el desarrollo económico de Puerto Rico como un estudio de viabilidad para el desarrollo de un Centro de Carga Aérea y aspectos de seguridad nacional como análisis de la seguridad en la frontera marítima; toma acción en los programas de manejo de asistencia por desastres para allegar más ayudas a los damnificados, a la vez que reautoriza fondos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para manejos de desastres, pero en esta ocasión enfocado en la mitigación.
Algunas disposiciones se aplicarían de forma retroactiva a desastres o emergencias declarados a partir del 1 de enero de 2016 o el 1 de agosto de 2017, según sea el caso.
El presidente del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara federal, Bill Shuster, quien visitó dos veces Puerto Rico junto a la comisionada residente luego de María, expresó que esta medida "proporcionará la reforma más completa del programa de desastres desde la ley posterior a Katrina".
Construcciones mas resistentes:
Para los desastres declarados a partir del 1 de agosto de 2017, los edificios públicos o sin fines de lucro que reciban ayuda para la reconstrucción tendrían que construirse de conformidad con los últimos códigos y normas de resistencia a los peligros, en lugar de los códigos vigentes en el momento del desastre.
González Colón ha impulsado esta acción en múltiples ocaciones como con el HR4251 presentado junto al congresista José Serrano.
Los gobiernos estatales y locales podrían usar fondos de asistencia federal general para la administración y el cumplimiento de los códigos de construcción y las ordenanzas sobre zonas inundables.
Los fondos de ajuste económico del Departamento de Comercio podrían utilizarse para la mitigación de desastres.
Duplicación de beneficios:
La legislación daría paso para que el Presidente de los Estados Unidos pueda autorizar una dispensa para que no se penalice que damnificados puedan recibir duplicidad de beneficios de asistencia por desastre, siempre que no derive en desperdicio, fraude o abuso.
Esta es otra iniciativa de la comisionada residente producto del HR 4438 del cual es coautora junto al congresista republicano por Louisiana Garrett Graves, quien también visitó la isla luego de María, permitiendo allegar más ayuda a la ciudadanía.
Esta exención se aplicaría a desastres mayores o emergencias declarados desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021, y expiraría cinco años después de que se promulgue la medida.
El financiamiento de mitigación de riesgos podría usarse para proyectos de agua del Cuerpo de Ingenieros del Ejército sin violar las reglas de beneficios duplicados.
Asistencia a individuos:
La asistencia financiera para viviendas de alquiler temporero, cuidado de salud, gastos dentales, cuidado infantil, funerales, propiedad personal y transporte podría excluirse de un límite de $25,000 en la cantidad de ayuda financiera que un hogar individual puede recibir.
El tope se ajusta anualmente por inflación. También se excluiría la asistencia brindada a personas discapacitadas para reparar o reemplazar propiedades relacionadas con la accesibilidad.
Las personas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes podrían recibir asistencia por desempleo por un año, el doble que el actual período de elegibilidad, después de las declaraciones de desastre de los huracanes Irma y María.
Fondos para mitigación:
La medida autorizaría $950 millones anuales hasta el año fiscal 2022 para fondos de manejo de emergencia de FEMA destinados para trabajos de mitigación.
Se autorizarían otros $4 millones anuales hasta el año fiscal 2022 para financiar el Emergency Management Assistance Compact que facilita la coordinación de emergencia entre los gobiernos federales, estatales y locales.
Autorizaría que se separen dineros del Fondo de Ayuda en Casos de Desastre para asistencia de mitigación técnica y financiera para cada desastre mayor.
Además de la planificación sobre mitigación de riesgos, los fondos asignados podrían usarse para establecer y aplicar códigos de seguridad para el diseño de estructuras resistentes a los peligros. Los fondos también podrían usarse para las áreas afectadas por incendios forestales o tormentas de viento y para sistemas de advertencia de terremotos.
Criterios para otorgar fondos:
La medida ampliaría los criterios considerados al otorgar fondos, tales como que los solicitantes del gobierno estatal o local hayan adoptado códigos de construcción resistentes a los peligros y el alcance en que los fondos aumentarían la resiliencia.
Si un gobierno estatal o local no obliga los fondos de su programa al final del tercer año fiscal después de recibirlos, los fondos podrían redistribuirse.
Reparaciones y reemplazos en instalaciones:
Si un gobierno estatal o local o una organización sin fines de lucro determinó que no sería de interés público restaurar o reemplazar una instalación dañada, podría usar todo su financiamiento federal de reparación o reemplazo para reparar o ampliar otra instalación, la construcción de una instalación diferente, o mitigación de riesgos. Actualmente, solo una parte de los fondos de reparación o reemplazo se puede usar para un fin alternativo.
Organizaciones sin fines de lucro:
La medida haría que los centros de cuidado infantil y los bancos de alimentos fueran elegibles para asistencia por desastre.
FEMA podría involucrar grupos nacionales de alivio del hambre y de recuperación a largo plazo para distribuir alimentos y medicinas después de un desastre.
Adiestramiento:
FEMA tendría que proporcionar orientación y capacitación anual a los gobiernos estatales y locales, los oficiales de respuesta y las compañías de servicios públicos sobre cómo garantizar que los hospitales y hogares de ancianos tengan un suministro de energía adecuado en caso de desastre y sobre el almacenamiento de materiales peligrosos durante las emergencias.
FEMA, en coordinación con la Administración Federal de Carreteras, debería desarrollar una guía sobre la selección, el diseño y el mantenimiento de las rutas de evacuación y proporcionar orientación sobre la reparación de carreteras inundadas.
FEMA tendría que emitir orientación a los gobiernos locales sobre la adquisición de espacios abiertos para la mitigación de riesgos.
Tendría que proporcionar asistencia técnica para ayudar a las asociaciones comunitarias, como las juntas de condominios, a solicitar asistencia por desastre. También debería recomendar una legislación que amplíe la elegibilidad para ellos.
El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional tendría que auditar contratos adjudicados por FEMA para toldos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes después de los huracanes Irma y María.
Congreso le exige cuentas al Ejército y a la Marina sobre descontaminación en Vieques y Culebra
El Comité de Asignaciones reiteró su interés en el alcance de la restauración ambiental en las islas municipios de Culebra y Vieques; por lo que exhortan al Secretario del Ejército y al Secretario de Marina a trabajar estrechamente con la Agencia de Protección Ambiental, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico para maximizar la participación pública y la transparencia en el proceso de descontaminación para poder lograr un resultado de descontaminación completo en ambas islas.
En la medida, el Comité expresó preocupación por la seguridad pública en la península noroeste de Culebra debido a las municiones sin detonar identificadas allí por el Ejército; por lo que el Comité exhorta al Secretario del Ejército a ejercer toda la autoridad concedida sobre él a través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2015, para descontaminar la península noroeste.
El Comité estipula por ley que el Secretario del Ejército y el Secretario de Marina deben presentar un informe a los comités de Defensa del Congreso, no más tarde de 90 días después de la promulgación de esta Ley, que detalle todo lo concerniente a las respectivas descontaminaciones y planes aplicables a Culebra y Vieques, con énfasis particular en la descontaminación de la península Culebra.
El Comité no pasó por alto las lagunas en la información sobre tipos y cantidades de artefactos utilizados en Vieques y Culebra, así como sobre posibles vínculos entre las municiones utilizadas y las amenazas actuales para la salud pública.
Por lo que le ordenan por ley al Secretario del Ejército y al Secretario de la Marina que presenten un informe a los comités de Defensa del Congreso a más tardar 60 días después de la promulgación de esta Ley sobre la información publicada anteriormente relacionada con los artefactos en las dos islas. El Comité también insta a los secretarios a publicar los documentos pertinentes en Internet en un solo lugar y en un formato fácil de usar.
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