Declaraciones deJenniffer González al inicio de la vista sobre el Proceso de Reestructuración de AEE

Como la única representante de Puerto Rico en el Congreso, quiero agradecerles, Presidentes Bishop y LaMalfa, Portavoz Torres y compañeros miembros del subcomité por la realización de esta audiencia.

Quiero empezar por señalar que esta audiencia ilustra una diferencia clave ente el territorio y el estado: en un estado de la unión el gobierno federal nunca intervendría en su administración interna, mientras que en un territorio el Congreso tiene la autoridad plenaria e indiscutida, bajo la Cláusula Territorial de la Constitución, de ejercer el poder sobre asuntos locales.

Que esto es así quedó demostrado el año pasado con la aprobación por el congreso de la Ley de supervisión, Gerencia y estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) creando una Junta de Supervisión Fiscal para supervisar el proceso de estabilización de la crisis económica y fiscal sin precedente que enfrenta la Isla como una vía para llevar a Puerto Rico nuevamente al rumbo de la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico.

Por el pasado año y medio el Congreso, principalmente a través de este Comité y bajo el liderato del Presidente Bishop y del Presidente Ryan. ha trabajado para enfrentar la crisis resultante de un sistema territorial basado en la desigualdad política y económica de los ciudadanos. Un modelo de gobierno que niega a millones de ciudadanos estadounidenses el derecho más fundamental en una democracia, el del voto y la igual representación; que trata a cientos de miles de veteranos puertorriqueños como iguales en la guerra, pero no en la paz.

A tales fines, PROMESA no solo creó la Junta de Supervisión fiscal sino además un Grupo de Trabajo de Miembros del Congreso, bicameral y bipartida, para hacer recomendaciones "sobre los impedimentos… al desarrollo económico de Puerto Rico incluyendo sobre equidad en acceso a los programas federales de salud." En su informe final emitido en diciembre pasado el Grupo de Trabajo identificó numerosos programas federales en que el trato desigual a Puerto Rico limita el potencial de desarrollo económico de la Isla y ofreció recomendaciones específicas a consideración del Congreso. Éstas incluyeron proveer a Puerto Rico con "fondos equitativos y sostenidos" bajo el programa Medicaid así como el actuar "temprano en el año natural 2017" para atender el inminente "abismo fiscal" de los fondos de salud impuesto dentro del llamado Obamacare.

Señor Presidente, ya he presentado legislación para implantar muchas de esas recomendaciones y exhorto a este Subcomité a usar las recomendaciones del Grupo de Trabajo como mapa de ruta hacia el futuro. Esto le proveerá a la Isla con mayores herramientas para cumplir con PROMESA y restaurar el desarrollo económico para el pueblo. Además, el actual diálogo sobre el reemplazo del programa de salud, la reforma contributiva y el aumento en programas de infraestructura, entre otras propuestas, provee una oportunidad dorada para actuar respecto a las décadas de trato desigual que han sufrido Puerto Rico y los territorios. Específicamente, solicito que este Subcomité apoye los esfuerzos que se realizan para que Puerto Rico y todos los Territorios de Estados Unidos sean tratados en igualdad de condiciones bajo la legislación de American Health Care Act o aquella que finalmente se apruebe como reemplazo del llamado Obamacare. Me gustaría que el Gobernador y el Presidente de la Junta se refieran a este tema en sus turnos.

Apenas la semana pasada la Junta de Supervisión Fiscal bajo PROMESA aprobó el Plan Fiscal presentado por el Gobernador Ricardo Rosselló, una propuesta que su administración produjo en apenas 58 días. Considero que eso fue un gran paso en la dirección correcta. Ahora nos toca cambiar nuestro enfoque y entrar en negociaciones de buena fe que atiendan el servicio de la deuda y proveer suficiente capital para la inversión de infraestructura de la AEE, sin crear una carga excesiva de costos energéticos a nuestras familias y comercios.

Lo que sí debe quedar claro es que los objetivos fijados para Puerto Rico dentro de PROMESA no se pueden lograr si no se restablece un desarrollo económico en la Isla y que es crítico para esa recuperación económica vital el asegurarse de un suministro energético eficiente y económicamente asequible. Por eso estamos aquí hoy. Veo con optimismo que un acuerdo puede alcanzarse que proteja los intereses del pueblo de Puerto Rico y su economía. Tal acuerdo sería un precedente para negociaciones futuras.

El Gobierno de Puerto Rico está tomando los pasos para reparar la credibilidad de Puerto Rico, para iniciar el crecimiento económico y para lograr el fin de la condición territorial que es la raíz de la crisis económica de Puerto Rico a través de un proceso de admisión como Estado 51 de la Unión. Que nadie se equivoque: la condición territorial de Puerto Rico es el problema y el problema no se resuelve ignorándolo. No atenderlo es querer tratar los síntomas de un paciente grave sin atacar el mal de fondo.

Espero recibir el testimonio de nuestros deponentes y escuchar todos los puntos de vista en la discusión del futuro de nuestra amada Isla".