Jenniffer González anuncia $2.7 millones para seguridad, educación y justicia
Washington, DC - La comisionada residente, Jenniffer González Colón anunció varias partidas de fondos federales que suman $2,786,450 provenientes del Departamento de Justicia federal (DOJ, por sus siglas en inglés).
El Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico recibirá $1,000,000 bajo el Improving Reentry for Adults with Co-occuring Substance Abuse and Mental Illness Program para mejorar los servicios a delicuentes que padecen de abuso de sustancias y enfermedades mentales concurrentes (CSAMI) cuando dejan la cárcel para volver a integrarse a la comunidad y de esta forma ayudará a promover la seguridad pública.
Igualmente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico recibirá $ 229,293 bajo el Residential Substance Abuse Treatment (RSAT) for State Prisoners Program para el año fiscal 2019, con el fin de asistir a los gobiernos estatales y locales a desarrollar e implementar programas de tratamiento de abuso de sustancias en instalaciones correccionales y de detención estatales y locales para así crear y mantener servicios de cuidado en la comunidad para delincuentes. El objetivo programa es romper el ciclo de drogas y violencia reduciendo la demanda, uso y tráfico de drogas ilegales. El mismo ofrece tratamiento residencial de abuso de sustancias para reclusos encarcelados; prepara a los delincuentes para su reintegración en las comunidades incorporando actividades.
Por otro lado, el Departamento de Educación de Puerto Rico recibirá $500,000 bajo el STOP School Violence Prevention and Mental Health Training Program para apoyar los esfuerzos estatales y locales para prevenir y reducir la violencia escolar. A través del programa se capacitará el personal escolar y se educara a los estudiantes para prevenir la violencia y mejorar la seguridad en las escuelas.
La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras recibirá $497,288 bajo el programa Postconviction Testing of DNA Testing del año fiscal 2019. El proyecto Alliance Pro Freedom of the Convicted Innocent estará liderado por la Facultad de Derecho de UPR-RP, en colaboración con la UPR Recinto de Carolina y por el Recinto de Ciencias Médicas. En Puerto Rico, la prueba posterior a la condena de pruebas de ADN es un recurso bastante reciente para reclusos que reclaman su inocencia incluso después de haber sido acusados, juzgados, declarados culpables y condenados. Antes del 29 de diciembre de 2015, los reclusos en Puerto Rico no tenía derecho a solicitar pruebas de ADN después de la condena.
Asimismo, la Universidad Interamericana de Puerto Rico recibirá $274,819 en fondos bajo el Upholding the Rule of Law and Preventing Wrongful Convictions Program (URLPWC) con el fin de proteger la integridad del sistema de justicia penal y la aplicación coherente del debido proceso para todos.
La Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico recibirá $160,661 para el Project Safe Neighborhoods (PSN) program con el fin de diseñado para crear y fomentar vecindarios más seguros a través de una reducción sostenida de delitos violentos.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico recibirá $124,389 bajo Prison Rape Elimination Act (PREA)que establece que un estado o territorio cuyo gobernador no certifica el pleno cumplimiento de las normas están sujetas a la pérdida del cinco por ciento de los fondos de subvención del Departamento de Justicia que de otro modo recibiría para fines de prisión, a menos que el gobernador o gobernadora asegure que dicho cinco por ciento se utilizará solo con el fin de permitir que el estado logre y certifique cumplimiento de las normas en años futuros.